El 6 de diciembre de 2011, Día Internacional de los Derechos Humanos, la Secretaria de Estado Hilary Clinton instó a los miembros de la ONU a «estar en el lado correcto de la historia» y conceder a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales los mismos derechos humanos que a los heterosexuales. Hoy, 7 de febrero de 2012, California se acercó a ese ideal cuando el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que «la Proposición 8 no sirve para nada, y no tiene otro efecto, que rebajar el estatus y la dignidad humana de gays y lesbianas en California, y reclasificar oficialmente sus relaciones y familias como inferiores a las de las parejas del sexo opuesto.» El juez Stephen Reinhardt, al redactar la opinión mayoritaria, declaró además que «California no tiene ningún interés en discriminar a gays y lesbianas». La sentencia de hoy confirma una decisión judicial anterior del juez Vaughn Walker que determinó que la Proposición 8 constituía una violación de los derechos civiles de gays y lesbianas «porque la Proposición 8 impide a California cumplir su obligación constitucional de ofrecer matrimonios en condiciones de igualdad».
Ha sido un largo y extraño viaje…
3 de enero de 2000: California empieza a registrar a las parejas de hecho, lo que permite a gays y lesbianas tener derecho a las prestaciones del seguro médico de su pareja y a las visitas hospitalarias.
7 de marzo de 2000: el 61% de los votantes de California aprueban la Proposición 22, una medida que limita el matrimonio únicamente a los heterosexuales.
19 de septiembre de 2003: El gobernador Gray Davis aumenta los derechos legales de las parejas de hecho.
12 de febrero de 2004: El alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, empieza a expedir licencias matrimoniales a las parejas de gays y lesbianas. Se expidieron casi 4.000 licencias antes de que el Tribunal Supremo del Estado declarara que no tenía derecho a expedirlas. Las parejas homosexuales que se habían casado se encontraron sin casar.
29 de septiembre de 2005: El gobernador Schwarzeneggar veta un proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo aprobado en la legislatura de California porque anulaba la Proposición 22 sin votación pública. Volvió a hacerlo, por el mismo motivo, el 12 de octubre de 2009. (Nota: Los órganos legislativos pueden aprobar leyes. Para eso les eligieron los votantes).
25 de mayo de 2008: El Tribunal Supremo de California dictamina que las prohibiciones vigentes del matrimonio homosexual son inconstitucionales.
2 de junio de 2008: Hay suficientes firmas para poner la «Ley de Protección del Matrimonio» -más tarde conocida como Proposición 8- en la boleta electoral de noviembre. Se aprueba por un 52% (nota: es un 9% menos de votos que los que obtuvo la Proposición 22). Antes de que entrara en vigor, unas 18.000 parejas homosexuales estaban casadas, y esta vez se les permitió seguir estándolo.
La Proposición 8 llega a los tribunales. Ni el Fiscal General (ahora Gobernador) Jerry Brown ni el Gobernador Schwarzeneggar la defienden. El 4 de agosto de 2010, el juez Vaughn Walker la declara inconstitucional.
Lo que ocurre a continuación:
La sentencia permite apelar antes de que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Los que impugnan la sentencia -una coalición de organizaciones religiosas conservadoras- pueden recurrir a un tribunal más amplio del 9º Circuito o acudir directamente al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por el momento, no está claro cuál será el próximo curso de acción de la oposición. Mientras tanto, la decisión de hoy se limitaba muy claramente a la situación de California, aunque el Tribunal del 9º Distrito abarca nueve estados occidentales. El Tribunal Supremo de EE.UU. puede negarse a conocer del caso porque la sentencia se limita a California.
¿Qué significa esto?
Si la oposición opta por apelar, pasará bastante más tiempo antes de que las parejas del mismo sexo puedan casarse en California. Mientras tanto, la coalición Love Honor Cherish, un grupo que apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, pretende reunir suficientes firmas para incluir la derogación de la Proposición 8 en la papeleta electoral del próximo noviembre. Si se aprueba, cualquier otra acción judicial será discutible. La dificultad puede venir si el Tribunal Supremo de EE.UU. decide conocer del caso. Es un tribunal conservador. Si el Tribunal se atiene estrictamente a la Constitución, una sentencia basada en la religión sería imposible, pero podría determinar que los estados tienen derecho a fijar la política social, en cuyo caso la Proposición 8 se mantendría. Hay cuestiones más amplias: En Massachusetts se argumenta que nuestro estado concede la misma protección a las parejas del mismo sexo, pero se ve obligado a discriminarlas en determinados casos porque la ley federal no reconoce a las parejas del mismo sexo.
Hay esperanza en el horizonte:
Siete estados, más el Distrito de Columbia, conceden ahora derechos matrimoniales a las parejas del mismo sexo, y cinco estados les conceden uniones civiles. Las encuestas muestran sistemáticamente que la mayoría de la gente, especialmente los más jóvenes, cree que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse. En el caso Loving contra Virginia, el histórico caso de derechos civiles de 1967 que permitió el matrimonio interracial, los derechos de una pareja en un estado entraban en conflicto con sus derechos cuando se trasladaban a otro, por lo que intervino el Tribunal Supremo. Las similitudes con la situación actual son sorprendentes. El cambio lleva tiempo, pero el tiempo está de nuestra parte.
